La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó el pre dictamen que devolvería a las municipalidades la función de otorgar los permisos para la instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicación, lo que solo generaría más trabas burocráticas y pone en riesgo el acceso a las comunicaciones e Internet de todos los peruanos.
En la actualidad las municipalidades ejercen una labor de revisión previa del cumplimiento de los requisitos dispuestos en la ley, además de contar con facultades de fiscalización posterior para validar y ratificar el cumplimiento de la norma.
“Justo en este momento donde necesitamos Aprendo en Casa, el teletrabajo y la telemedicina. Todos los actores públicos y privados del sector hemos opinado en contra de esta propuesta, porque afecta a la población. Esperamos que el Pleno del Congreso reflexione sobre esta situación”, señaló Leonie Roca, presidenta de AFIN.
La Ley 29022 ha permitido un despliegue importante para la necesidades de conectividad que tiene el país en los últimos años, y hoy esta Ley está en riesgo.
Las infraestructuras de comunicación son, desde hace mucho tiempo, un servicio de atención pública. Y cómo tal, prima el interés general de la población por encima de cualquier interés de instituciones públicas o privadas.
¿Qué es lo que está planteando el Congreso?
El Congreso plantea un proyecto de ley que modifique el régimen actual de autorización para la instalación de antenas, que es automática, para la fiscalización previa por parte de las Municipalidades.
“Un proyecto de ley de esta índole formalizará la traba burocrática en una norma que no tiene sustento alguno. La traba generaría que 4 millones de peruanos continúen incomunicados. Nosotros estamos pasando de un régimen de aprobación automática a formalizar una traba. Es un peligro gigantesco para la economía y la integridad de las personas.
¿Cuál es el argumento para justificar un proyecto de esta naturaleza?
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN indica que una red de telecomunicaciones se monta en función de la demanda. Si la población aumenta se forma un núcleo urbano que, de pronto, evidentemente genera la necesidad de ampliar la red. Las municipalidades no pueden decir que la antena debe ponerse 500 metros más allá de lo que debe ser. Cada señal repite a la anterior, las antenas no viven solas, viven de una red, similar a como sucede con un poste de luz.
“El argumento de la Municipalidad es que ellos tienen que decidir, ha sido el más fuerte. Cuando se instala un poste de luz, ¿se le pide permiso a alguien? Es exactamente lo mismo. Hoy en día tenemos un buen despliegue en electricidad porque tenemos la legislación adecuada”, explica la presidenta de AFIN, Leonie Roca.
Cabe recordar que aún con el régimen de aprobación automática existen trabas municipales. Desde el 2015 se interpusieron 109 denuncias a raíz de barreras burocráticas, de las cuales 83 fueron declaradas ilegales en primera instancia por el Indecopi.
La pandemia mundial producida por el Covid-19 nos ha obligado a tener mayores necesidades de conectividad debido al teletrabajo, telemedicina, teleducación y comercio. Nuestras vidas no son ni serán las mismas, pues enfrentamos un Nuevo Normal y el Congreso de la República tiene en sus manos evitar mayores trabas y atender la necesidad que tienen miles de peruanos de comunicación e Internet.
