Por cada 3462 habitantes de Lima y Callao, hay una antena de telecomunicaciones, mientras que en la ciudad de Santiago, en el vecino del Sur, por cada antena hay 860 habitantes, según la última comparación que realizó AFIN sobre la infraestructura de telecomunicaciones, en el mundo.
Pero eso no es todo, pues según esta investigación en las ciudades de Tokio, Londres y Sao Paulo, hay una antena por cada 99, 261 y 1947 habitantes, respectivamente. Quizá esto explique porqué todavía hay zonas de la capital que no cuentan con señal de internet, pese a ser una urbe tan importante.
En un reportaje en Cuarto Poder, hace unos meses, el presidente de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) Rafael Muente, precisó que existe acciones muy contradictorias por parte de los usuarios, pues por un lado se oponen a la instalación de antenas, la cual no tiene ningún riesgo para la salud, pero a la vez, piden mejor cobertura y señal. A esto se le suman las trabas burocráticas que ponen los gobiernos locales, lo cual hace más complicada la instalación de antenas.
“No queremos ver antenas pero queremos un buen servicio. Eso es lo más absurdo del mundo. No va haber jamás servicio si no hay antenas. No hay evidencia real de que las antenas causen daño a la salud”, precisó.
Durante la pandemia del COVID-19 se puso en evidencia la importancia que tiene la conectividad, el acceso a Internet y las comunicaciones en general, para continuar con las actividades productivas del país.
Educación virtual, teletrabajo, chequeos de salud, desarrollo de nuevas habilidades, comercio electrónico, comunicación con los seres queridos, entre otras muchas cosas más, recobraron importancia en el aislamiento, dejando al descubierto qué tanto está haciendo el Estado para brindar conectividad efectiva.
Cabe recordar que a finales del 2012, el país tenía alrededor de 5.000 estaciones de base. Eso era muy poco para soportar las demandas de tráfico y la necesidad de expandir la cobertura a zonas remotas de aquel entonces. Desde allí, todos, desde el Ejecutivo, el regulador y el sector privado, comenzaron a pronunciarse abiertamente del déficit de antenas que tenía el Perú. Con mucho esfuerzo, y con marchas y contramarchas (y también disputas para aplicar las leyes), se logró tener importantes avances que permitieron multiplicar por más de 3 veces el parque de antenas. A finales del 2019 se contaba con 22.766 antenas. Ningún otro país de la región creció tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, todo eso todavía sigue sin ser suficiente ni para las necesidades del presente ni para el futuro.
Según un estudio del profesor Raúl Katz, el Perú va a necesitar 56.000 estaciones de base para el 2025 y 77.000 para el 2030, lo cual significaba multiplicar por 3,7 veces el parque de instalaciones de finales del 2018.
Para que 5G pueda desplegarse y desarrollar los beneficios sobre toda la actividad económica que vienen consigo, será crítico el despliegue de celdas pequeñas para la nueva digitalización de la producción. Así, con soluciones de automatización industrial y aplicaciones de baja latencia, junto con el Internet de las cosas, se puede provocar un impacto económico de entre US$10.000 y US$15.000 millones hasta el 2030.
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